GARZON EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

El 18 de mayo de 1994, después de su breve dedicación a la
política en el PSOE, Baltasar Garzón volvía a la Audiencia
Nacional y retomaba el sumario de los GAL, una investigación que
cuatro años después condujo a la condena y el ingreso en prisión
de, entre otros, el ex ministro del Interior José Barrionuevo y
el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Para
entonces, era el juez más conocido de España, pero su fama se
hizo internacional cuando, en octubre de 1998, ordenó la detención
en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet.

La noticia dio la vuelta al mundo, dio esperanza a las víctimas de
las dictaduras y al sueño de una Justicia universal y convirtió a
Garzón en un símbolo, hasta el punto de que en 2002 se promovió
su candidatura al Premio Nobel de la Paz. Fue esa condición la que,
años después, le valió una invitación de la Universidad de Nueva
York para desarrollar actividades de docencia y de investigación
sobre el terrorismo y le empujó a dejar otra vez su Juzgado para
residir en EE.UU. entre marzo de 2005 y julio de 2006.

Baltasar Garzón, el magistrado español más destacado en la lucha
contra la corrupción y el terrorismo y firme defensor de los derechos
humanos, afronta los momentos más amargos de su carrera,
acosado por falangistas y abogados de personajes afectados
por sus decisiones judiciales. El proceso que se sigue contra
Garzón, con tres querellas, y que le ha costado la suspensión, ha
sido contestado incluso por la ONU, y por miles de personas que
han salido a las calles de España y otros países para apoyar al

durante el franquismo. “Manos Limpias”, una de las partes
personadas en la causa, solicitará 20 años de inhabilitación y la
multa máxima prevista en la Ley por “la gravedad” de su actuación
en este asunto, avanzó el presidente del sindicato ultra, Miguel
Bernad. El tercero se refiere al supuesto pago, por el banco
Santander, de sus conferencias en Nueva York. El juez del Tribunal
Supremo Luciano Varela ha trasformado las diligencias abiertas
contra Garzón en un procedimiento abreviado. El magistrado le
investiga por presunta prevaricación al declararse competente para
abrir una causa por las desapariciones del franquismo.

La Fiscalía ha acusado al instructor de facilitar la persecución
del juez y ha cargado contra el Supremo por el “bochornoso
espectáculo”. En el procedimiento abreviado, el instructor es
competente para decidir, concluida la investigación, si el proceso
finaliza en ese momento definitiva o provisionalmente con auto
de sobreseimiento o si, por el contrario, continúa con el trámite
de presentación de los escritos de acusación, lo que ha ocurrido
en este caso. A la vista de ellos, abre juicio oral o archiva el caso.
Varela es un histórico de Jueces para la Democracia. Pero también
se le considera un enemigo acérrimo de Garzón. Dicen que hace ya
15 años predicaba a los opositores que preparaba para acceder a la
carrera judicial que “Dios vino al mundo dos veces: una en Belén, y
otra en Jaén, y ahora es juez de la Audiencia Nacional”.

Garzón encara tres juicios y el cargo es de prevaricación en
los tres, una situación sin precedentes. Como he leído en THE
ECONOMIST, “Si es realmente un prevaricador reincidente, ¿por
qué no se le frenó mucho antes?. Y si no lo es, ¿no sugieren estos
juicios que los jueces españoles que muestren un mínimo de
independencia, probablemente terminarán siendo juzgados ellos
mismos?. “Eso que ha hecho el juez Garzón, investigar violaciones
a los derechos humanos cometidas en el pasado, es sencillamente
una obligación de Derecho internacional que pesa sobre el Estado
español”, dijo Hugo Relva, consejero jurídico del Secretariado
Internacional de Amnistía Internacional. “No vas a encontrar
ningún otro ejemplo en el mundo en el cual un juez sea llevado
ante la justicia por hacer eso”, agregó, calificando el proceso
de “despropósito” y pidiendo que se desestimen los cargos.

Sebastián Barrufet Rialp
Periodista